La deforestación es uno de los desafíos socioecológicos actuales más acuciantes: entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosques y otros ecosistemas. Para enfrentar esta situación, en diciembre de 2022 la comunidad internacional se comprometió a conservar el 30% de la superficie del planeta y restaurar 30% de los territorios degradados hasta el año 2030. Al mismo tiempo el mundo se ha comprometido a mantener el aumento de la temperatura global por debajo del 1,5ºC. Aunque parezcan objetivos separados, la gestión ambiental dominante y el ambientalismo tecnocrático los han hecho converger bajo la constatación de que las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provenientes de la deforestación aportan de manera importante al cambio climático y han desarrollado complejos esquemas de financiamiento que buscan disminuir esas emisiones provocando un flujo importante de fondos climáticos hacia nuestros países, cuyos destinatarios priorizados son los pueblos indígenas amazónicos. Estos esquemas han sido ampliamente cuestionados por su idoneidad en frenar el cambio climático, o incluso disminuir la deforestación y la pérdida de ecosistemas.
Desde esta perspectiva crítica con los modos dominantes de gestión de la conservación de ecosistemas mi investigación organiza un análisis en torno a tres elementos. En primer lugar, sobre la conexión entre la conservación de ecosistemas mediante esquemas de compensaciones de carbono forestal y la propiedad de la tierra donde se asientan los proyectos, a través de la indagación de la producción de valor en términos capitalistas. Segundo, analizar cómo se distribuye el valor, es decir, quién se apropia del valor producido en los proyectos de compensaciones de carbono forestal y, en ese sentido, de qué modos estos proyectos contribuyen (o no) a la continuación de la (re)producción de riqueza y su acumulación por parte de unos pocos. Y, tercero, cómo las inversiones de capital podrían alterar el control y acceso sobre la tierra, aumentando la presión y amenazas sobre las tierras de propiedad colectiva y disminuyendo procesos de conservación efectiva de ecosistemas.